La situación es preocupante. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre 2007 y 2013, los secuestros denunciados se incrementaron en 221 por ciento, al pasar de 2.8 a 9 por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, a finales de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó la existencia de más de 100 mil secuestros, lo cual implicaría una tasa de no denuncia (cifra negra) superior a 95 por ciento.
Ilustración 9 INEGI; Evolución de los secuestros en México
Encabezada por Renato Sales, la Estrategia Nacional Antisecuestro plantea una serie de objetivos, entre ellos la coordinación entre dependencias, fortalecer las capacidades operativas de las unidades antisecuestro en las 10 entidades de mayor incidencia del delito, homologar los marcos jurídicos en las entidades y los protocolos de los Ministerios Públicos, entre otros. Ahora bien, la estrategia debe entender objetivamente el secuestro. Aunque vinculado en los últimos años con la actividad del narcotráfico, el secuestro suele tener una dinámica delincuencial propia y, en el peor de los casos, se convierte en un negocio paralelo al de las drogas. Otro factor fundamental, tanto en la incidencia como en la tasa de no denuncia y, por tanto, en los altos índices de impunidad del secuestro, es la colusión de autoridades, desde policías, investigadores, Ministerios Públicos e, incluso, autoridades penitenciarias (basta recordar los casos de operación del secuestro y la extorsión dentro de los reclusorios). Por último, el secuestro es un delito cuyos costos son relativamente bajos para quien lo perpetra, pero su retorno económico es muy elevado. Así, dada la complejidad y el tamaño del fenómeno, el trabajo del llamado “zar antisecuestro” encarará una misión hercúlea, no sólo en materia de prevención y persecución del delito, sino en la construcción de un marco institucional sólido a fin de identificar y castigar la corrupción de funcionarios. La tentación de sólo atacar la incidencia sin una política integral de combate a la delincuencia, significaría repetir estrategias anteriores que terminan por sepultar de manera temporal los crímenes de alto impacto, los cuales, con el tiempo, suelen resurgir cuando dejan de ser objeto de la atención mediática.
La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó la tarde del martes 28 de enero de este año las 10 principales acciones que llevará a cabo la recién creada Coordinación Nacional Antisecuestro. Entre sus postulados se plantea la creación de un órgano desconcentrado de SEGOB, con capacidad de gestión vinculante a nivel federal y estatal, encargado de prevenir, sancionar y atacar dicho delito.
En un contexto marcado por el aumento de este delito durante el primer año de gobierno de Peña Nieto según cifras oficiales el número de plagios pasó de mil 407, durante 2012, a mil 695 en 2013, la nueva estrategia prevé, entre otras acciones, privilegiar el uso de las labores de inteligencia por encima de la fuerza policial, dotar de mayores recursos a las unidades antisecuestro en los estados más azotados por este delito, así como la creación de un modelo de reclusión especial para secuestradores.
A continuación se presentan las 10 acciones en las que se basará la nueva Coordinación Nacional Antisecuestro:
Acciones de Coordinación Nacional Antisecuestro
1.- Inteligencia por encima de la fuerza.
La nueva estrategia tendrá “como base fundamental” los siguientes ejes: coordinación, confianza entre dependencias y los distintos órdenes de gobierno, y privilegiar “el uso de la inteligencia por encima de la fuerza”.
2.- Fortalecer Unidades Antisecuestro en los 10 estados con más plagios
Fortalecer y ampliar las capacidades operativas de las Unidades Antisecuestro de todas las entidades y de manera particular, las unidades de los 10 estados que en el 2013 concentraron el 74% de la incidencia de este delito.
Para el cumplimiento de este apartado, el gobierno fijó 5 prioridades:
1. Que la PGR, junto con la Policía Federal y el CISEN evalúen todas las unidades antisecuestro, además de que las capacite y las certifique.
2. Homologar los protocolos de actuación policial, ministerial y pericial de las unidades antisecuestro estatales y del DF con las Unidades Antisecuestro de la PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad.
3. Adquirir equipo tecnológico y de inteligencia para las Unidades Antisecuestro de las entidades.
4. Que unidades de la Policía Federal y la PGR acompañen operativamente a las unidades locales antisecuestro, en tanto éstas se consolidan y “comienza a disminuir sostenidamente la incidencia de secuestros en el país”.
5. Promover la rendición de cuentas y transparencia de los fondos destinados a las unidades antisecuestro.
3.- Ajustar el marco jurídico local a la legislación general
La tercera línea de acción estará enfocada a ajustar el marco jurídico local a la legislación general en materia de secuestro, para acordar con los congresos locales, gobernadores y jefes de gobierno una unificación de criterios y conceptos en el combate a este delito.
4.- Creación de un Sistema Único de Análisis de Información
Crear una base nacional de datos criminales en materia de secuestro en un Sistema Único de Análisis de Información. Dicho Sistema concentrará toda la información generada por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, así como las unidades antisecuestro en las entidades, los grupos de coordinación y las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil.
5.- Campaña en medios de comunicación
Iniciar una campaña en los medios de comunicación, con la finalidad de orientar sobre las acciones de prevención y promover la denuncia entre la ciudadanía.
6.- Protocolo de atención ciudadana para el secuestro
La sexta línea de acción refiere la puesta en marcha, “a más tardar en el mes de marzo”, de un protocolo único de atención ciudadana para atender delitos de secuestro. Con este protocolo se pretende atender denuncias de manera conjunta y coordinada con los gobiernos locales, dar atención especializada, y canalizar los reportes de plagio a través de las siguientes líneas de atención telefónica:
El 088 del Centro de Atención del Comisionado Nacional de Seguridad. El 01-800-00-85-400 del Centro de atención ciudadana de la PGR y las líneas 066 y 089 en los estados y el Distrito Federal.
7.- Más controles internos
La séptima línea de acción tiene como objetivo “reforzar la confianza ciudadana”. Para ello, la nueva estrategia nacional antiplagio vigilará y evaluará “permanentemente” el comportamiento y actuación de todos los elementos de las diferentes unidades antisecuestro del país.
En el caso de las unidades que se encuentran en la PGR y en la Policía Federal, detalló Segob, se fortalecerán los mecanismos de control interno. En tanto, en las entidades federativas se implementarán programas de verificación y supervisión de manera coordinada y con la colaboración de la sociedad civil para impedir la participación del personal de las unidades en actos delictivos.
8.- Modelo de reclusión especial para secuestradores
Se impulsará la creación de un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales en penales de alta seguridad. Esto, con el objetivo de tener un mejor control de quienes cumplen una pena por el delito de plagio.
9.- Programas de atención a víctimas
El noveno punto está dirigido a la atención a víctimas del secuestro. De acuerdo con la Segob, este programa ofrecerá apoyo y servicios profesionales para la ayuda, asistencia y reparación del daño.
10.- Evaluación
Los
10 puntos de la nueva estrategia estarán sujetos a un programa de evaluación y
seguimiento, que realizará la Coordinación Nacional Antisecuestro, la cual
estará a cargo de Renato Sales Heredia.
Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley reglamentaria del párrafo primero de
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de secuestro. Es de orden público y de observancia
general en toda la República y tiene por objeto establecer los tipos penales,
sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y
víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los
órdenes de gobierno. Para ello la Federación y las Entidades Federativas, en el
ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento
del objeto de esta Ley.
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